Se conoce como Transición al cambio
gradual y fundamentalmente pacífico desde la dictadura a la democracia que se
desarrolló en España desde la muerte del general Franco hasta el triunfo del
PSOE en las elecciones de 1982.
Después de la muerte de Franco se
plantean 3 posibilidades:
La continuidad del régimen
franquista con alguna modificación superficial, defendida por el bunker (sector
del franquismo más inmovilista encabezado por Carlos Arias Navarro).
La reforma política a partir de
las leyes e instituciones del franquismo, propuesta por los aperturistas,
sector del franquismo partidario del cambio para evitar una revolución,
liderado por Torcuato Fernández Miranda y que sería la que se impusiera.
La
ruptura democrática, acabando con el régimen dictatorial de forma inmediata,
vía defendida en principio por la oposición democrática.
El papel del rey fue fundamental
durante la transición. El 22 de noviembre asumió la jefatura del Estado,
jurando los Principios del Movimiento Nacional y las Leyes Fundamentales del
régimen, pero dejando entrever en su discurso de proclamación, su voluntad
democrática. Decidió mantener a Carlos Arias Navarro como presidente del
Gobierno, gobierno que formaba junto a ministros representantes del franquismo
inmovilista, militares, y reformistas como José Mª Areilza, Alfonso Osorio y
Manuel Fraga, con Torcuato Fernández Miranda como presidente de las Cortes y
del Consejo del Reino. El enfrentamiento entre reformistas y Arias Navarro, la
agitación social, represión del gobierno (sucesos de Vitoria marzo 1976) y la
incapacidad de Arias Navarro para impulsar la reforma política llevó a que este,
presionado por el rey, dimitiera en julio de 1976.
El rey nombró como presidente a
Adolfo Suárez, que tenía un perfil falangista, experiencia de Estado y actitud
reformista. Suárez inicia contactos con Felipe González, Santiago Carrillo y
con CCOO; provocando la dimisión del vicepresidente, el ultraconservador
general De Santiago, dando entrada al general Gutiérrez Mellado. El 15 de diciembre
de 1976, se da el paso definitivo hacia la democracia: se aprueba en referéndum
la Ley de Reforma Política, ideada por Fernández Miranda, que establecía el
bicameralismo y el sufragio universal.
En 1977 hubo un recrudecimiento
del terrorismo, tanto de extrema derecha (matanza de los abogados laboralistas
de Atocha), como de ETA y GRAPO (atentados y secuestros a miembros de las
Fuerzas Armadas y del aparato del Estado, como el secuestro del presidente del
Consejo de Estado). A pesar del obstáculo terrorista en febrero se aprueba la
ley sobre el derecho de asociación política. El 9 de abril de 1977, Suárez
legaliza el PCE por decreto ley, provocando la reacción negativa del ejército
(dimisión ministro Marina).
El 15 de junio de 1977 se celebra
las primeras elecciones democráticas, en las que ganó la UCD (centro), partido fundado
por Adolfo Suárez.
Gobierno, partidos políticos,
organizaciones empresariales y sindicatos firmaron los Pactos de la Moncloa:
•
Permitieron una reducción de la conflictividad
social y la aplicación de un modelo de relaciones laborales.
•
Reconocimiento de la libertad sindical, derecho
a la huelga y a la negociación colectiva
Las Cortes inician la elaboración
de la nueva Constitución, en manos de una ponencia de siete miembros. Se
debatió en las Cortes de mayo a octubre, siendo aprobada en referéndum el 6 de
diciembre de 1978, y promulgada el 29. Recoge los principios de: soberanía nacional, monarquía parlamentaria como forma de
Estado, la unidad de España
compatible con la pluralidad nacional. Establece al rey como Jefe de Estado, teniendo el mando supremo de las FF.AA.
División de poderes: el legislativo
en dos cámaras (Congreso y Senado) elegidas por sufragio universal, el ejecutivo reside en el Gobierno, y el
judicial corresponde a los juzgados y tribunales, coordinados por el Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. Con una declaración de derechos y libertades muy avanzados, y define un Estado no confesional. Distingue entre nacionalidades y regiones; con dos
vías para crear comunidades autónomas:
vía rápida (art. 151) para las nacionalidades históricas (utilizado por
Andalucía), y vía lenta (art. 143).
Ya aprobada la Constitución de
1978, se disolvieron las Cortes y se convocaron nuevas elecciones (marzo 1979),
ganadas por la UCD, que volvió a gobernar en minoría. En esta segunda
legislatura se desarrolló el Estado de las Autonomías, creándose el Ministerio
de Administración Territorial. Entre 1979 y 1983 se crearon diecisiete
comunidades autónomas. En octubre de 1979 se aprobaron los Estatutos de
Cataluña y Euskadi, éste último más complejo por la oposición del PNV a la
Constitución y pretensiones independentistas de la izquierda nacional; Galicia
en diciembre 1980, Andalucía en febrero de 1980 y octubre 1981; las otras trece
celebraron sus primeras elecciones en mayo de 1983. Ceuta y Melilla se
conformaron en Ciudades Autónomas en 1995. Para gestionar y armonizar las
mismas se promulgaron la LOFCA (1980) y la LOAPA (1982).
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